1 Capítulo escrito para el libro Transiciones diferenciadas: Aproximaciones empíricas a la justicia transicional. Angelika Rettberg y Carlos Alberto Mejía (Editores). ©2015 Abriendo la “caja negra” de la justicia transicional Andrés Casas-Casas , Nathalie Méndez y Ana María Ramírez Introducción Al centrarse en aspectos normativos y jurídicos, las aproximaciones a los procesos y mecanismos que las sociedades desarrollan para realizar el paso de la guerra a la paz (justicia transicional) hacen énfasis en elementos formales (mecanismos macropolíticos), descuidando la importancia de las dinámicas informales (meso y micropolíticas) que moldean los resultados finales de dichos procesos expresados en mecanismos de desmovilización, reintegración, verdad, justicia, reparación, perdón y reconciliación (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014; Rettberg, 2014; Casas y Herrera, 2008, p. 199; Rettberg, 2008; Fletcher et Al., 2007, p. 210). La experiencia muestra que para garantizar el paso de la guerra a la paz, estos mecanismos -cuya cara más visible yace en diseños institucionales formales, arreglos políticos y procesos judiciales (Elster, 2004, 2006a y 2006b)- implican ante todo la distribución o redistribución de valores, recursos y cargas, con el fin de establecer equilibrios sostenibles desde el punto de vista de todos los actores involucrados: víctimas directas o indirectas, excombatientes desmovilizados, simpatizantes no combatientes y de los ciudadanos no afectados. Por su naturaleza distributiva, estos procesos plantean diversas tensiones y paradojas que retan aspectos fundamentales para el éxito de la construcción de paz en el nivel microsocial. Un aspecto central tiene que ver con que este tipo de transiciones requiere de la reasignación de recursos -a veces públicos, a veces privados- tanto para proteger, apoyar o reparar a grupos particulares que hayan sido víctimas; así como para incentivar y dar garantías a quienes hicieron parte de las organizaciones que perpetraron daños. Lo anterior con el fin de minimizar el riesgo de su retorno a las estructuras o a las actividades violentas, así como de facilitar su reintegración a la vida civil (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014). De manera reciente la literatura viene ofreciendo evidencia de caso y comparada sobre las íntimas relaciones entre los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), los mecanismos de justicia transicional, y los esfuerzos de construcción de paz (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014; Rettberg, 2012; Nussio, 2012; Casas-Casas y Guzmán, 2010; Duthie, 2009a; Theidon, 2007; Humphreys y Weinstein, 2007; International Peace Academy, 2003; y ONU, 2000). Si se tiene en cuenta que desde un punto de vista empírico, un proceso de justicia transicional implica la selección de alternativas de transformación para generar una ruptura con el pasado (Casas-Casas y Herrera, 2008, p. 201); hay que resaltar que la distribución, como una alternativa para desarrollar la transición, también es una actividad que depende ante todo de la toma de decisiones. Estas decisiones tienen bases cognitivas, incluso neuronales, además de estar mediadas por el complejo interjuego de aspectos contextuales que en materia personal, económica, política y cultural moldean las preferencias de los involucrados (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014). Adicionalmente dichas preferencias tienen un importante papel en el tránsito hacia la paz, pues determinan la percepción que las personas involucradas tienen acerca del grado de justicia e inclusión, y por ende de la legitimidad, alcance y expectativa de efectividad de las políticas y los programas a través de los cuáles se despliega cualquier proceso de justicia transicional (Rettberg, 2014, 2010, 2008; CNMH; 2012; Nalepa, 2012; Ramji-