24 Nº 68 – EL CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EL RÉGIMEN LOCAL TRAS EL FRACASO DE LA REFORMA 2013 I. DEL FRACASO DE LA REFORMA LOCAL DE 2013 Concluida la legislatura comenzada a finales de 2011 -con pe- ríodos de sesiones de principios de 2012 a finales 2015-, así como la primera de sus prórrogas –la breve legislatura que ha cubierto el primer semestre de 2016– y en vísperas de que haya de dar comienzo, necesariamente, una nueva –sea con eleccio- nes mediante o sin ellas– puede ser conveniente echar la vista atrás para valorar algunas de las reformas que han protagoni- zado este tiempo. Un tiempo marcado por un contexto muy peculiar, de crisis económica pero también social e institucional en España, así como de indisimulada presión por parte de las instituciones europeas, que quizás explique, al menos en parte, tanto los orígenes de las mencionadas reformas como algunas de sus insuficiencias. La reforma local aprobada definitivamente por las Cortes a fi- nales de 2013 –esto es, a mitad de la legislatura en cuestión– es un buen ejemplo de ello. Forma parte del “paquete de reformas” que el Gobierno de España impulsó con la idea de “racionalizar” la Administración española, junto a otras muchas iniciativas, tras las que se atisba no sólo la evidente necesidad de hacer frente a la grave situación económica sino la no menos patente presión por parte de las instituciones de la Unión Europea, muy preocupadas en esos años ante la posibilidad de que la situación económica e institucional de España pudiera repercutir nega- tivamente en la estabilidad tanto del propio proyecto europeo como de la moneda que comparten muchos de sus miembros, entre ellos nuestro país. No es casualidad, por ejemplo, que el Memorando de Entendimiento acordado entre el Reino de España y la Facilidad de Estabilización Financiera Europea en nombre de la Unión Europea a fin de determinar las condicio- nes de política sectorial y financiera que se imponían a España a cambio de la financiación acordada dentro del Acuerdo Mar- co de Asistencia Financiera, que permitió al gobierno español acometer el saneamiento de las entidades de crédito con más dificultades, se firme precisamente el 24 de julio de 2012 –por mucho que tarde medio año en ser publicado en el Boletín Ofi- cial del Estado-, tras meses de enormes presiones y turbulencias en los mercados financieros que amenazaban con comprometer no sólo todo el mercado del crédito español sino con afectar de forma muy grave a los de los socios europeos. El gobierno de Es- paña, a cambio de esta inyección económica –instrumentada en forma del conocido “crédito en condiciones muy ventajosas”– se comprometía a acometer una importante cantidad de reformas. Las unas, plasmadas en el documento y resultado de la explícita condicionalidad que vehicula el Memorando, que tenían que ver con el saneamiento del propio sector financiero español y su marco regulador. Las otras, sin necesidad de que aparecieran comprometidas en el documento escrito, firmado y publicado, pero que a nadie se le escapaba que eran fruto de presiones y recomendaciones europeas con una fuerza casi equivalente a las que sí aparecían plasmadas, tenían que ver con la necesidad inaplazable de que nuestro país pusiera en marcha importantes reformas en otros sectores de nuestras economía y, también, en nuestras Administraciones públicas con el objetivo indeclinable de lograr su “modernización”, “racionalización”, “eliminación de duplicidades”, “adaptación a los modelos imperantes en los ANDRÉS BOIX PALOP * * Profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de València – Estudi General. Blog sobre Derecho público y página web personal: http://www. uv.es/aboixp