El cuidado de los discapacitados. Luis Palma Martos, Antonio García Sánchez, Carmen González Camacho y Cristina Borra Marcos Introducción. El colectivo de personas con dlscapacidad' supone en España un 9% del total de la población, que en valor absoluto alcanza la cifra de 3.528.221 personas 2 (Ver Gráficos 6.1 a 6.4). Ade- más de ser un grupo de población importante, existe todo un marco legal de incuestionable amplitud que diseña y desarro- lla medidas de apoyo y protección a este colectivo, que que- dan al cargo de los poderes públicos, pero que imponen igual- mente Importantes obligaciones para el sector privado, hasta el punto de que existe una referencia constitucional dedicada a este colectivo. En el ámbito nacional, es el art. 49 de la Constitución de 1978 junto con la Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de los Mlnusválidos, como normas fundamentales. Junto a ellas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza, la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía y, co- mo mecanismos de implementación, el Plan Andaluz de Salud, el Plan de Servicios Sociales de Andalucía, el Plan de Ordena- ción de la Red de Centros de Atención a Personas con Discapa- cidad Psíquica, el Plan Andaluz de Formación Profesional, el Pro- grama de Integración Escolar para el Alumnado con Discapaci- dad y otras actuaciones dirigidas a este colectivo. Por último, en el contexto europeo, debe destacarse la decisión del Consejo de la Unión Europea de 3 de diciembre de 2001, en el que además de realizar una ambiciosa declaración al objeto de sensibilizar a los distintos agentes implicados y al conjunto de la ciudadanía y de fomentar la cooperación en esta materia, se aprueba el 2003 como Año Europeo de las personas con discapacidad 3 . La variedad de los tipos de discapacidades en este grupo de población lleva a actuaciones muy distintas, pero se centran principalmente en la integración laboral, la atención residen- cial, la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación. La Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía, recoge actuaciones en mate- ria de asistencia sanitaria, educación, integración laboral (For- mación Profesional Ocupacional adecuada), acceso a la Fun- ción Pública (cupo no inferior al 3% del conjunto de las plazas vacantes de oferta de empleo público, hasta conseguir el 2% de los efectivos reales de la Administración de la Junta de An- dalucía y de las entidades locales), servicios sociales y elimi- nación de barreras de todo tipo (urbanísticas, arquitectónicas, de transporte y de comunicación). En lo que se refiere a los servicios sociales destinados a las personas con discapacidad se prestan en dos niveles: los ser- vicios sociales comunitarios y los servicios sociales especiali- zados, quedando integrados en éstos la red de centros exis- tente en toda Andalucía. La política europea sobre la población formada por personas con discapacidad se materializa en distintos programas que, en Andalucía, se han puesto en marcha a través del Instituto Andaluz de Servicios Sociales: el Programa CRECIENDO, el Programa NEXUS, el Programa MARCO COMUNITARIO DE APOYO y el Programa EQUAL.